Provías y la gobernanza de las obras viales

Provías y la gobernanza de las obras viales

Por: Gonzalo Ruiz

Fuente: Diario Gestión

Nuestro marco institucional debería contar con mecanismos de gobierno que garanticen que las decisiones en materia de inversión en infraestructura obedezcan a criterios técnicos y se aparten de cualquier injerencia política.

Contar con ”seguros institucionales” tales como la autonomía de las instancias encargadas de aprobar estas inversiones y la existencia de filtros técnicos en los procesos de priorización de las obras públicas, resulta fundamental para un Estado pobre como el peruano que requiere optimizar el uso de sus escasos recursos.

En el caso de las infraestructuras portuarias, estos objetivos se han buscado preservar a través de entidades como la Autoridad Portuaria Nacional o Enapu y en el caso aeroportuario Corpac; las cuales gozan de ciertos espacios de autonomía. Así, por ejemplo, las empresas públicas cuentan con una ley autoritativa y con un directorio que responde no sólo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sino al Fonafe, que es una suerte “holding” que evalúa el desempeño de las empresas del Estado. Igualmente, en el caso de la APN esta cuenta con un directorio plural conformado por representantes del Estado y del sector privado.

En cambio, en el caso de las infraestructuras viales, la intervención del Estado se materializa a través de Provías, proyecto especial creado por decreto supremo en el año 2002, que reemplazó al antiguo Programa de Rehabilitación de Transportes (PRT), al Proyecto Especial de Rehabilitación de Rehabilitación de la Infraestructura de Transportes y el ex Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras (SINMAC). Su director ejecutivo es nombrado y removido por el MTC; mientras que en el caso de las empresas públicas ello requiere de un acuerdo del Fonafe.

Provías es actualmente la principal unidad ejecutora del país. En 2018, junto con Provías descentralizado, tiene asignado un presupuesto de inversiones de S/ 4.6 miles de millones es decir el 30% de la inversión pública total del gobierno central, constituyéndose en la principal unidad ejecutora del país. A pesar de que presta servicios, gestiona la infraestructura y cobra peajes, es decir realiza actividad empresarial, no cuenta con habilitación legal para ello a diferencia de otros sectores.

Ante esta centralización en el control de las inversiones viales a nivel nacional, no es casual que alcaldes, gobernadores regionales y congresistas de provincias busquen audiencia con las autoridades del MTC. En todas las regiones del país existen demandas de puentes, caminos y carreteras. El rol del MTC es evaluar técnicamente dichas demandas y priorizar aquellas que tengan un mayor impacto económico y social. Para ello se requiere de una institucionalidad que garantice que dicha priorización se haga de manera imparcial, transparente y se aleje de cualquier tipo de clientelismo político. Una reforma de Provías que dote a esta entidad, de un directorio autónomo y la someta al ámbito del Fonafe, sería un paso positivo en esa dirección.