El precio de la ineficiencia

El precio de la ineficiencia

Por: Gonzalo Ruiz

Fuente: Diario Gestión

Anualmente se publican en el Boletín de las Normas Legales del Diario El Peruano, aproximadamente 1,800 resoluciones de autorización de viaje de funcionarios públicos al exterior por diversos motivos: capacitación, representación, entre otros.

Nuestras regulaciones obligan a que todos los viajes que irroguen gasto para el Estado sean publicadas a través de resoluciones supremas o ministeriales, dependiendo del rango del funcionario.

El Perú es uno de los pocos países en el que se exige que estas resoluciones se publiquen en el diario oficial, cuando bastaría que se cuelguen en la web, con la ventaja del alcance que este medio tiene frente al tiraje de El Peruano. El costo promedio de publicación de una resolución de autorización de viaje es de aproximadamente S/ 1,200. Sin embargo, los mayores sobrecostos se derivan de las ineficiencias propias del proceso de aprobación de estos viajes, los cuales deben contar con múltiples informes legales, sellos y firmas.  La duración de este largo trámite lleva a que las resoluciones de aprobación terminen publicándose días antes del viaje, con el evidente aumento en el costo de los pasajes.

Si conservadoramente, estimamos estos sobrecostos en un 80% adicional (estos pueden multiplicarse hasta 3 veces el precio regular) y se considera un costo promedio de US$900 por pasaje al exterior (los cuales varían según destino), se tiene que el Estado termina pagando por cada viaje de funcionario público un costo 120% mayor al que debería pagar. Esto implica un gasto adicional para el Estado de aproximadamente S/ 6.4 millones de soles al año, vinculados con trámites puramente administrativos. Este sobrecosto no es poco para la sociedad peruana: equivale al pago de desayuno a cerca de 7,000 niños en un año o financiar un año de tratamiento a aproximadamente 2,600 enfermos con TBC.

La Ley 27619 del año 2002 que regula estos procedimientos, en su exposición de motivos, señala que uno de sus objetivos era “(…) contribuir a una gestión administrativa eficaz y a desconcentrar la autorización de viajes (…)”.  La realidad ha demostrado todo lo contrario. En el caso del Poder Ejecutivo, la gran mayoría de aprobaciones de viajes al exterior terminan estando a cargo de un ministro del sector o del Presidente de la República, debiendo los expedientes atravesar por un largo camino hasta llegar a su despacho. Con frecuencia, las aprobaciones terminan siendo publicadas incluso el mismo día del viaje o, lo que es peor, originan un retraso en las fechas originalmente previstas.

Tal vez sea el momento de evaluar la posibilidad de que este tipo de trámites estén sujetas a mecanismos de control y transparencia similares a otros rubros de gasto, como, por ejemplo, el de los viajes al interior del país. El deber de transparencia quedaría cubierto simplemente con la publicación oportuna de la resolución del titular de la entidad en la página web de la organización y el control del gasto, con la fiscalización posterior por parte de sus respectivos órganos de control institucional.