Enemigo equivocado

Enemigo equivocado

Por: Gonzalo Ruíz

Fuente: Diario Gestión

Fecha: 20 – 02 – 2019

La aparición de plataformas de internet que reemplazan o complementan servicios tradicionalmente prestados a través medios físicos, viene generando reacciones regulatorias en varios países. En el caso de las plataformas de intermediación para los servicios de taxi (como Uber, Cabify, TaxiBeat) en Dinamarca, Bulgaria o Australia se ha llegado al extremo de prohibirlas, mientras en otros se ha optado por regularlas. Por ejemplo, en Nueva York se ha establecido un límite al número de conductores que pueden circular captando clientes a través de aplicativos.

En muchos casos, la prohibición o regulación ha sido el resultado de la presión proveniente de gremios de taxistas y transportistas que ven en estas plataformas una seria amenaza de competencia. La exigencia de “nivelar la cancha” por parte de estos gremios, se sustenta en el hecho de que el peso de la regulación en los servicios tradicionales es alto. Por ejemplo, en Nueva York, el costo del permiso para prestar el servicio de taxi (medallion) supera los US$600 mil.

El caso de Lima es distinto. Se calcula que hoy operan unos 200 mil taxistas de los cuales aproximadamente la mitad son informales. Los costos de entrada son prácticamente nulos, pues si bien existe un sistema de registro administrado por el Servicio de Taxi Metropolitano (Setame) y el MTC, el nivel de fiscalización es prácticamente inexistente. En este contexto, la problemática de la seguridad en la provisión del servicio de taxi es mucho más compleja que la relacionada con el uso de aplicativos, sobre todo si se considera que un porcentaje aún menor de pasajeros limeños (se calcula en 30%), los utiliza.

Las nuevas aplicaciones permiten contar con información que contribuye a la seguridad de los usuarios (nombre del conductor, placa del vehículo, información sobre el  trayecto), que antes no era posible obtener. También es innegable que pueden darse situaciones de afectación a la seguridad consumidor, en los que el operador de la plataforma tenga algún grado de responsabilidad. Aun así, cabe preguntarse si es necesario una norma específica que regule estas plataformas o si bastan las normas de protección al consumidor.

En su exposición de motivos, la Ley recientemente aprobada por el Congreso y observada por el Ejecutivo; señala que persigue corregir un problema de competencia desleal de estas plataformas respecto de los taxistas registrados. Se crea un registro especial a cargo del MTC y establece además que esta entidad será la encargada de establecer los requisitos que garanticen los derechos y seguridad de los usuarios de estas plataformas.

Sin embargo, la Ley no ataca la principal fuente de competencia desleal que afecta al mercado, que es la informalidad. Por otro lado, no considera que el crecimiento en el uso de estos aplicativos que requieren necesariamente de la bancarización del conductor, puede ser un aliado frente al objetivo de la formalización. Por el contrario, al dirigirse a las plataformas de intermediación, la Ley apunta al enemigo equivocado.