Agua y saneamiento: ¿Público o privado?

Agua y saneamiento: ¿Público o privado?

Por: Gonzalo Ruiz

Fuente: Diario Gestión

Fecha: 20 – 03 – 2019

La reciente derogatoria del decreto que establecía que empresas privadas puedan gestionar las EPS bajo Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), ha reabierto el debate sobre la participación privada en la provisión de agua y saneamiento. El debate es pertinente, teniendo en cuenta los pobres indicadores que exhiben las EPS, en términos de inversión, cobertura y calidad del servicio, desde su municipalización a finales de los 80. Hoy, un 10% y 27% de la población no accede a la red pública de agua y alcantarillado, respectivamente, lo cual acarrea serias consecuencias en el campo de la salud y medio ambiente, además de ser fuente de grandes inequidades entre quienes acceden o no al servicio.

Estudios del Banco Mundial (Marín, 2009) que examinan la experiencia comparada de varias APP en agua y saneamiento, han encontrado que la participación privada ha servido principalmente para incrementar los niveles de eficiencia y calidad en la provisión del servicio. Existe consenso en que independientemente del origen público o privado del operador, el logro de mayores niveles de eficiencia pasa necesariamente por que la provisión de agua y saneamiento pueda desarrollar niveles de escala mínimos. Incluso, varios autores coinciden en que sin la escala mínima necesaria (en términos de base de usuarios, volumen de facturación) sería muy difícil atraer inversión privada al sector.

Actualmente, a nivel urbano existen 50 EPS y 490 Unidades de Gestión, que prestan servicios de agua y saneamiento; mientras a nivel rural existen más de 5 mil Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS). Con la finalidad de revertir esta alta atomización, en los últimos años se ha diseñado una estrategia para incentivar que estas organizaciones puedan integrarse y así alcanzar niveles de escala mayores, definidos por Sunass. El objetivo es acertado: permitir que la provisión de agua y saneamiento aumente sus niveles de eficiencia, mejore la calidad del servicio y reduzca sus costos de producción.

Esta estrategia, sin embargo, enfrenta obstáculos importantes. El principal es que la decisión de que dos o más empresas se integren está sujeta a la voluntad política de las autoridades de las distintas jurisdicciones en las que operan, así como del apoyo de un conjunto de stakeholders, entre los que destacan los usuarios que acceden al servicio y que se oponen a posibles aumentos de tarifas.

En este contexto, será difícil esperar grandes avances en el corto plazo. ¿Qué alternativas existen? Una posibilidad sería someter a las actuales EPS, a la administración centralizada por parte de empresas de alcance regional. Estas empresas de mayor escala, dependerían del Gobierno central, pudiendo recibir la asistencia de OTASS. Se buscaría el desarrollo de mejoras administrativas y en la eficiencia, entre otros. Sin duda, ello requeriría cambios legislativos. Sin embargo, sería un primer paso necesario para pensar en un sector de agua y saneamiento más eficiente, con un manejo más técnico y alejado de presiones políticas.