El año 2014 el Gobierno peruano emprendió una etapa de reformas que inició con la promulgación de la Ley N.º 30220, Ley Universitaria, y la posterior Ley N.º 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior con el fin de impulsar el rol del Estado en la regulación y el fomento de la calidad en las instituciones de educación superior universitaria, tecnológica y pedagógica.
Para el caso de la Ley de la Reforma Universitaria, con ya seis años de trabajo se ha logrado licenciar a 92 universidades y 2 escuelas de postgrado; mientras que se ha denegado la licencia a 48 universidades y 2 escuelas de postgrado[1]. Asimismo, a partir de la reforma se ha incrementado en un 208% las publicaciones en revistas indexadas entre el 2014 y 2019, y se ha aumentado, en promedio, en 25 puntos porcentuales (de 40 a 65%) la proporción de docentes con posgrado en universidades privadas licenciadas.
Caso contrario ha sucedido con la Ley de Institutos, ya que es poco lo avanzado en materia de licenciamiento, gestión, supervisión y fiscalización de los institutos de Educación Superior (IES) y escuelas de Educación Superior (EES). Al respecto, el Minedu reporta que solo 80 IES y 5 EES a nivel nacional cuentan con licenciamiento aprobado[2] para su operación, de los cuales 48 se encuentran en el departamento de Lima. Esta situación refleja un problema importante en torno a la garantía del cumplimiento de las cinco condiciones básicas de calidad establecidas por la Ley de Institutos en los servicios que se brindan en los más de 1,000 institutos que aún no han iniciado su proceso de licenciamiento.
En relación con dichas demoras, si bien la Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Minedu estima que los procesos de licenciamiento deberían concluirse hacia el 2024, el escaso avance logrado desde la publicación del Reglamento de la Ley de Institutos en el año 2017 sugiere que dicho proceso podría durar aún más.
Por último, es importante mencionar que la denegación del licenciamiento a ciertas universidades, institutos y programas académicos ha generado un problema inmediato en los alumnos de dichas casas de estudio (más de 165 mil estudiantes afectados). Dada la resolución de SUNEDU, estos deberían elegir entre culminar sus estudios hasta el cese de su universidad o gestionar su traslado a otra casa de estudios. De igual manera, el proceso de licenciamiento ha afectado a los egresados de la educación básica de dichas zonas con oferta universitaria contraída, dado que se reducen oportunidades y programas educativos por elegir. Ante esto, MINEDU ha diseñado una estrategia integral de atención para estos casos (RM N° 126-2020), pero ello no es suficiente para la cantidad de alumnos perjudicados.
Para poder diagnosticar al sistema de la educación superior en el Perú se ha organizado el análisis en tres aspectos generales: acceso a la educación, pertinencia y calidad educativa.
1. Calidad educativa
Más allá de las demoras de los procesos de licenciamiento de institutos en el país, y los avances logrados a la fecha en relación con la reforma universitaria, la educación superior universitaria y técnica carece de un sistema que aborde de forma conjunta la evaluación y vigilancia de los procesos y avances del sector, así como de un sistema integrado de información con criterios y niveles homogéneos para el aseguramiento de la calidad educativa superior. En este sentido, la débil articulación del modelo de aseguramiento de calidad educativa superior se hace evidente, por ejemplo, en que las instancias encargadas del licenciamiento y la supervisión y fiscalización varían de acuerdo con el tipo de institución (Véase Tabla 1).
Tabla 1: Instituciones, normativa vigente e instancias encargadas.
Fuente: Normativas vigentes. Elaboración: Macroconsult.
Las diferencias en las instituciones responsables no solo dificultan los procesos de licenciamiento y verificación del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, sino que además supone niveles de coordinación variados. Por ejemplo, la Ley de Institutos señala que los procesos de supervisión y fiscalización se encuentran a cargo de las Direcciones Regionales de Educación (DREs), lo cual obliga necesariamente a mejorar los niveles de articulación del Estado con las instancias regionales correspondientes para garantizar el adecuado proceso.
En esta línea, los mecanismos de fomento desarrollados por el Minedu, principalmente en favor de universidades, no pueden darse con la misma facilidad en los demás tipos de instituciones que brindan servicios de educación superior pues, al encontrarse bajo responsabilidad de los gobiernos regionales (a través de la DRE y UGEL), el proceso de transferencia de recursos para el fortalecimiento del servicio educativo requiere mayores niveles de articulación, entre el Minedu, los gobiernos regionales y las instituciones educativas, situación que puede traducirse en largos periodos de coordinación.
2. Acceso a la educación superior
Otra de las debilidades del sistema está relacionado al bajo acceso de la población a la educación superior, principalmente debido a las asimetrías de información para la toma de decisiones sobre la elección de programas educativos y centros de estudio. Asimismo, los inadecuados mecanismos de incorporación de estudiantes, manifestado por ejemplo en la falta de servicios de orientación vocacional; y los limitados mecanismos de apoyo al estudiante a través de becas y créditos educativos, terminan por reducir significativamente el número de estudiantes que continúan sus estudios una vez terminada la secundaria. Por ejemplo, en el periodo 2014-2018 solo el 30% de jóvenes que concluían estudios de educación básica continuaron estudios superiores[3]. A su vez, el problema de acceso a la educación superior parece ser, en el caso peruano, altamente inequitativa en el sentido que los menores porcentajes de jóvenes que transitan de la educación básica a la superior se observan en el quintil más bajo de gasto per cápita del hogar donde solo un 21% de jóvenes accedió al sistema educativo superior frente a un 57% del quintil más alto de gasto.
3. Pertinencia educativa
Por otra parte, la educación superior peruana cuenta con una oferta poco pertinente a las necesidades del mercado de trabajo, lo cual genera deficiencias y dificultades en la población para su inserción laboral. Por el lado de la oferta educativa, las universidades licenciadas concentran al 65.8% de las matrículas de la educación superior; mientras que, por el lado de la demanda de trabajadores, según la Encuesta de Demanda Ocupacional 2018, solo el 6.5% de las personas que requieren contratar las empresas formales debe tener estudios universitarios. Caso contrario e inverso ocurre con la educación técnica (menor oferta y mayor demanda de sus profesionales, véase Figura 1).
Figura 1: Oferta educativa superior y demanda laboral.
Nota: Los porcentajes de demanda laboral también incluyen al 68.1% de trabajadores con educación básica (hasta nivel secundario). Fuente: Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva.
Asimismo, la poca pertinencia se evidencia también en las carreras que se ofrecen dentro de cada grupo de instituciones, dado que, ante la poca actualización de los programas académicos, asociado a la poca incorporación del componente digital y tecnológico, no se logran construir competencias y habilidades que demanda el mercado de trabajo.
En resumen, la oferta de la educación superior peruana no ha sido direccionada adecuadamente a las necesidades del mercado, generando una demanda laboral poco satisfecha, ya que mientras las empresas requieren más profesionales técnicos que profesionales universitarios, la oferta educativa superior dirige al mercado de trabajo a más universitarios que profesionales técnicos.
Recomendaciones
El acceso al sistema de educación superior necesita una mejora a los mecanismos de provisión de información que provean mayor detalle de la corporativa institucional, cuerpo académico, análisis de pertinencia de programas y carreras ofrecidas, entre otros, en cada tipo de institución disponible en el sistema de educación superior peruano (universitario, técnico, artístico, pedagógico, etc.). Asimismo, es necesario desarrollar una mayor y mejor cobertura de sistemas de becas de estudios, tales como Beca Bicentenario o Beca Continuidad de Estudios, con el fin de brindar facilidades de acceso a los hogares de menores ingresos. Este componente gana especial importancia en el contexto de la pandemia Covid-19 debido al shock negativo a los ingresos de los hogares que representó y que se tradujo en la deserción educativa de muchos jóvenes. Por otra parte, los estudiantes de universidades no licenciadas podrían reincorporarse a sus estudios bajo modalidad virtual con la finalidad de romper con las barreras de infraestructura existentes, para luego en el mediano y largo plazo ampliar sucursales de instituciones licenciadas en función a las demandas locales afectadas.
Respecto al aseguramiento de calidad del sistema, el proceso de licenciamiento llevado a cabo como parte de la reforma universitaria se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo; sin embargo, es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión para la continuidad del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad por parte de las instituciones licenciadas e iniciar el proceso de licenciamiento de los programas educativos brindados por estas instituciones; esto mismo debería suceder en el caso de institutos una vez concluido su proceso de licenciamiento. Es importante también desarrollar un sistema integrado de vigilancia y modelo de aseguramiento de calidad de la educación superior que incorpore y aborde adecuadamente las distintas alternativas de educación.
Finalmente, respecto a la pertinencia de los programas impartidos, al igual que en el caso de acceso, es crucial implementar mecanismos o servicios de orientación vocacional que despierten el interés por los programas académicos técnicos, tanto de los estudiantes que aún se encuentran cursando educación básica (secundaria), así como de los que postulan a la educación superior. De igual manera, es necesario rediseñar y actualizar los programas educativos de las carreras técnicas según las necesidades productivas y sociales de su campo de acción con el objetivo de formar profesionales con las habilidades que demanda el mercado laboral. Asimismo, se debe aprovechar y consolidar el uso de las herramientas digitales adquiridas por las instituciones educativas durante la pandemia para que los estudiantes adquieran y desarrollen aún más habilidades tecnológicas. Esto debe estar acompañado de capacitaciones dirigidas a los docentes para dominar el uso de TICs y lograr una correcta enseñanza de estas, así como de la inversión en la ampliación de cobertura digital entre la población.
[1] Información obtenida de SUNEDU al 13/01/2021
[2] Información obtenida del MINEDU al 17/12/2020
[3] Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2014-2018
