Los resultados de las elecciones nos han recordado las profundas diferencias de ingresos, educación, salud y acceso a servicios públicos que existe todavía entre los peruanos. Todos los indicadores han avanzado en niveles, pero no mucho en las diferencias, procesos que -como ha mostrado la economía de comportamiento- no son percibidos como justos por los votantes.
En este sentido, detrás de las demandas de cambio de modelo económico están las demandas de igualdad de oportunidades a cargo naturalmente del estado. Sin embargo, el pedido de una nueva constitución es algo más etéreo para la mayoría de los votantes.
La ONPE ya terminó de contabilizar y ahora le toca pronunciarse al JNE. Todavía pueden pasar varios días para conocer los resultados oficiales. Los mercados de dinero y de capitales ya han reaccionado con deterioro. En particular, el tipo de cambio, el valor de las empresas no mineras y los costos de financiamiento.
Por ahora, los nuevos voceros de Pedro Castillo han sido los más solicitados para despejar las serias dudas sobre la viabilidad económica de las propuestas de Perú Libre (PL), tanto de la primera como de la segunda vuelta.
El alargamiento del proceso ha dado más tiempo a los voceros económicos de Castillo para afirmar lo que no harían en política económica y, en menor medida, los acentos en algunas materias como impuestos a las utilidades mineras, una “renegociación” de algunas concesiones de gas natural, mecanismos para la reducción de las comisiones de las AFP, crédito subsidiado a las pequeñas empresas y activar mecanismos de salvaguardas para textiles y calzado de origen chino.
Todavía se pueden exacerbar algunas tensiones entre el estatismo y la moderación del programa económico. Aunque se ha mantenido el radicalismo por el cambio constitucional.
Hay que distinguir entre el candidato y el “dueño” del partido Vladimir Cerrón. En caso Pedro Castillo sea proclamado Presidente electo, es posible cierto alejamiento entre ambos con algunos espacios de poder cedidos a la militancia de Perú Libre. Sin embargo, importantes carteras del ejecutivo no estarían en manos de dicho partido.
De ser el caso, los mercados estarán muy atentos a los nombramientos de tres puestos clave: PCM, el ministro de economía y el presidente del BCRP.
Las propuestas primigenias de PL han generado mucho temor en los mercados. Temor muy justificado, dados sus efectos sobre las economías donde se han aplicado esas políticas: fuerte deterioro en el bienestar de sus ciudadanos y el valor de sus empresas. Mientras tanto, existe la expectativa que dejen de lado esas políticas por otras superiores y con énfasis en los servicios públicos. Sin embargo, lejos se estaría aun de despertar el entusiasmo del sector privado y la reanudación con fuerza del proceso de inversión privada, que lleve mayores niveles de actividad con la creación de nuevos empleos e ingresos tributarios concomitantes.
Antes de un impulso fiscal existen dos precondiciones. La primera es el mayor control de la pandemia, que pasa por continuar con el proceso acelerado de vacunación. La segunda pasa por convencer que el modelo de economía de mercado no está en riesgo. Solo así se podrá maximizar los efectos de una política macroeconómica expansiva. En caso contrario, el poder reactivador de la misma se vería severamente minimizado, llevando solo a un deterioro fiscal y riesgo inflacionario.
En caso la candidata de Fuerza Popular sea la ganadora, la gobernabilidad democrática pasaría por la capacidad de responder con solvencia a las expectativas de los ciudadanos que votaron por la otra candidatura.
