Por Gonzalo Ruiz Díaz, Socio de Macroconsult
Las cifras del mercado de telecomunicaciones revelan un crecimiento importante durante la última década. En el caso de internet, mientras en 2012 el 20% de familias accedieron a este servicio, hoy esta cifra llega a 65%. La mayor competencia producto del ingreso de nuevos actores, el cambio tecnológico en el mercado móvil y la mayor inversión privada; explican estos resultados. Sin embargo, estos avances son insuficientes. En las zonas rurales apenas un 33% de familias accede a internet; lo cual explica entre otros, los graves problemas enfrentados durante el 2020 por programas como “Aprendo en Casa”.
Ante esta situación, la expansión y “universalización” de los servicios de internet, como factor igualador de oportunidades, constituye un objetivo central al que deberán apuntar las políticas públicas en los próximos 5 años. Para ello, no obstante, debemos resolver tres dilemas de política pública. El primero, está relacionado con los objetivos de mantener y mejorar los estándares de servicio de internet para aquellos que acceden al mismo, frente a la necesidad de destinar mayores recursos a expandir las redes de telecomunicaciones. Recientemente, el Congreso aprobó incrementar la velocidad mínima garantizada de internet del 40% al 70% (como porcentaje de la velocidad contratada), nivel inédito a nivel mundial. Sin duda, una buena noticia para quienes acceden al servicio. No obstante, ello requerirá que las empresas destinen recursos para ampliar la capacidad de las redes y permitir alcanzar ese nuevo estándar; probablemente sacrificando recursos que podrían ayudar a expandir su cobertura geográfica. Nadie niega la importancia de promover estándares mínimos de servicio; sin embargo, el reto consiste en balancear esos objetivos con otros igualmente importantes.
Un segundo dilema, se relaciona con la importancia de seguir promoviendo la competencia en este mercado; y a la vez establecer mecanismos que permitan un uso eficiente de las infraestructuras. Las tecnologías 5G serán más intensivas en inversión en infraestructura, comparadas con las anteriores (4G o 3G). Su desarrollo y expansión sólo será posible mediante el desarrollo de medidas que promuevan la compartición de elementos pasivos y activos de la red o porciones del espectro. Este nuevo escenario plantea la necesidad de intensificar el uso de esquemas cooperativos, que eviten la duplicidad y a la vez no afecten los incentivos naturales a la competencia entre los operadores. Ello implicará introducir, usando los términos de Brandenburger y Nalebuff, esquemas de “coopetencia” que permitan “cooperar para competir”.
Por último, actualmente todos los países se encuentran en una carrera por el despliegue de las tecnologías 5G, que posibilitarán el desarrollo del internet de las cosas y traerán múltiples aplicaciones en la industria. Es claro que los primeros despliegues de estas tecnologías se darán en las ciudades. Nuevamente, el impulso a la inversión en estas tecnologías deberá balancearse con el esfuerzo destinado a seguir incrementando la cobertura de los servicios 4G en zonas rurales. El desafío, como en los otros casos, estará en encontrar el delicado equilibrio entre ambos objetivos.
