Rexvi Rivera Guillén, economista de Macroconsult
En el contexto de incertidumbre política y económica, el 2021 fue un año turbulento para Petroperú. El nuevo gobierno trajo consigo diversos cambios en la dirección, gerencia y puestos técnicos de la empresa estatal y con ello, cambios en su política comercial.
Recientemente, se publicaron los resultados del cuarto trimestre del 2021 donde se refleja un mayor volumen de ventas producto de una estrategia de precios más agresiva en los últimos meses del año cuyo objetivo, de acuerdo con Petroperú, es recuperar el liderazgo en el mercado de combustibles. Sin embargo, la sostenibilidad de esta estrategia dependerá de su razonabilidad económica y de que esta se dé bajo las condiciones de mercado esperadas para los próximos meses.
La OCDE, institución a la cual el gobierno peruano aspira a ser miembro, tiene entre sus lineamientos el principio de “neutralidad competitiva” como estándar de la actividad empresarial del Estado. Este principio busca la igualdad de condiciones entre empresas privadas y estatales a fin de que estas últimas cumplan el objetivo de su creación y no generen distorsiones en el mercado que operan. De acuerdo con la institución, empresas estatales pueden provocar distorsiones y limitar la competencia debido a objetivos e intereses particulares del gobierno de turno; en contraste, empresas estatales con buenas prácticas corporativas y comercialmente operativas han mejorado la eficiencia del mercado y obtenido un mejor desempeño.
En línea con la OCDE, un estudio de la Universidad de Cambridge encontró, a partir de una muestra de empresas estatales del sector hidrocarburos de diversos países, que pobres desempeños reflejan las restricciones y demandas especiales impuestas por gobiernos con objetivos que van más allá de la actividad normal de la industria y que se alejan de una actuación bajo condiciones de mercado.
En el caso de Petroperú, la operación bajo condiciones de mercado se ve parcialmente incentivada por los compromisos financieros del endeudamiento de la Nueva Refinería de Talara. En algunos casos, dichos compromisos contemplan covenants que obligan a la empresa estatal cumplir indicadores a fin de mantener su salud financiera y el consecuente repago de la deuda; asimismo, el interés de los tenedores de bonos en el repago de sus intereses pone a Petroperú bajo el escrutinio público y el constante seguimiento de sus resultados.
De esta manera, la sostenibilidad y razonabilidad económica de la estrategia comercial de Petroperú podrá ponerse a prueba en los próximos meses, en un contexto de diversos cuestionamientos, alza del precio del crudo y a puertas de la entrada en operación de la Nueva Refinería de Talara. Esperemos una actuación racional a fin de evitar repercusiones negativas en el mercado y en la propia empresa a corto y mediano plazo.
