Elmer Cuba, Socio de Macroconsult
Durante 2021 los precios de los fertilizantes habían comenzado a subir -en línea con los precios de los hidrocarburos, en particular del gas natural. Luego de la invasión rusa a Ucrania éstos alcanzaron niveles históricamente altos. La mayoría de pequeños agricultores de productos de panllevar no han podido adquirirlos en las cantidades usuales debido a que no tienen las espaldas financieras y/o la rentabilidad esperada es menor.
El gobierno decidió bajo presión hacerse cargo del problema. Y decidió importar directamente la urea, que es el producto más barato y utilizado por los productores nacionales de menor tamaño relativo. Sin embargo, el sistema de compras estatales no está preparado para estas compras inusuales y en cortos periodos de tiempo.
Estamos ante un severo problema de diseño de política económica. Primero se debe identificar bien el problema y luego definir qué instrumento se debe utilizar en términos de su costo efectividad. Es decir, una solución efectiva y al menor costo posible.
El elevado precio (histórico) de la urea va a llevar a una menor oferta de algunos productos y se va a afectar a los consumidores, especialmente a los más pobres. Es más barato intervenir a nivel del precio de la urea.
En el caso de algunos alimentos, se exoneró del IGV a la cadena de valor agregado. En el caso de algunos combustibles, se eliminó el ISC y se les incluyó en el fondo de estabilización de precios, modificando en el camino las bandas.
Pero extrañamente, en el caso de la urea, se escogió otro método. La importación y distribución directa a los pequeños agricultores. Como se observa esto es -hasta ahora- un absoluto fracaso.
¿El estado va a crear un mecanismo paralelo de distribución al que ya funciona en el sector privado? ¿Es capaz de hacerlo? ¿Es lo más efectivo y económico? Hoy los productores no saben si comprar en los mercados privados o esperar a que llegue el producto por el lado público. No se sabe cuándo ni a qué precio. Ello también afecta al importador/distribuidor privado, que no sabe contra qué va a competir. Ello lo lleva a restringir sus compras y aumentar sus precios, como un mecanismo natural de defensa ante una competencia estatal temporal y desconocida.
Una opción era eliminar (transitoriamente) el IGV a la urea, pero el problema era el amplio espectro. Habría que seguir focalizando, excluyendo a los grandes compradores (que por su tamaño tienen RUC). E incluso, subsidiando las compras de los pequeños, con un sistema de vouchers o directamente al último proveedor formal.
Cada año decenas de miles de productores han podido proveerse de urea sin mayores complicaciones. Se pueden utilizar los mismos canales de distribución ya montados por el sector privado y no armar una “empresa pública¨ para competir y ni siquiera poder vender a menores precios al no contar con el aparato legal respectivo. Y si se va a regalar, se debe saber a quiénes se les está dando el regalo (RUC o DNI, un registro mínimo). Si esto va a ser así, es mejor darles un documento con el cual van a poder pagar al proveedor privado y recibir el subsidio.
Que los privados importen y distribuyan como siempre. El estado subsidia digamos el 50% del precio para ventas menores a X monto. Los privados pueden dar la información necesaria sobre la distribución de los tamaños de compras en un año normal. Según ello, se define un techo para compras menores a ese monto. Un diseño más acabado se pudo haber hecho junto con el sector privado y no de espaldas al mismo. El reto es minimizar los mercados negros, que aparecen siempre que hay dos precios para un mismo producto. Igual va a pasar con el proceso en marcha.
