Gonzalo Ruiz Díaz, Economista Asociado, Macroconsult
El 1° de julio se dio inicio a la etapa final del proceso de implementación del análisis de impacto regulatorio (AIR) en el sector público. Desde esa fecha, un primer grupo de entidades (Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerios de la Producción, de Comercio Exterior y Turismo y de Vivienda Construcción y Saneamiento) deberá aplicar de manera obligatoria dichas metodologías y procedimientos para la aprobación de regulaciones de alcance general que se propongan. El resto de entidades del Poder Ejecutivo, se incorporará trimestralmente en tres grupos, culminando dicho proceso en abril de 2023.
La introducción del AIR, viene implicando un cambio de paradigmas o “modelos mentales” muy arraigados en nuestra cultura así como un “cambio de hábitos” por parte de los encargados de la labor regulatoria en las distintas dependencias del Estado. En primer lugar, el AIR ha obligado a pensar primero en la caracterización del problema, antes que en la formulación de la solución regulatoria. Del mismo modo, el AIR obliga a pensar primero en la evaluación de alternativas regulatorias y no regulatorias, antes que limitarnos a analizar la propuesta planteada por el formulador.
La introducción de un sistema de AIR al interior de las entidades públicas, involucra retos a tres niveles. En primer término, requiere implementar un programa de capacitación y atracción de cuadros técnicos que permita dar soporte a las decisiones regulatorias que tenga que adoptar la entidad. Sería ideal que se designe un área especializada o un responsable específico en AIR en cada organización. En segundo lugar, dadas las inevitables tasas de rotación que enfrentan algunas entidades del Estado, se deben adoptar mecanismos de gestión del conocimiento, que “despersonalicen” la información y que permitan dar continuidad a las políticas públicas incluyendo, por supuesto, el manejo de las herramientas metodológicas para su evaluación. Por último, la implementación del AIR requiere que los procesos de formulación de propuestas regulatorias involucren no sólo a las áreas de asesoría jurídica; sino que generen un intercambio multidisciplinario entre distintas áreas y profesiones. Es fundamental, que en esos grupos participen no solo los expertos en regulación sino los encargados de ejecutar o supervisar su aplicación.
La implementación del AIR, no implica que no existirán errores en materia regulatoria en el futuro, pero reduce su probabilidad. En caso que ello ocurra, el AIR nos da las herramientas para detectar oportunamente las fallas, evaluarlas y corregir lo que sea necesario. Aprender de los errores.
Por último, es crucial que se brinde cierto grado de independencia a las instancias encargadas de la formulación del AIR, para que en el diseño primen los criterios técnicos y no políticos. Es importante que las entidades públicas, reconozcan en el AIR y sus metodologías de evaluación, un aliado para la mejora de sus propuestas regulatorias. Tiene que existir un convencimiento al más alto nivel de que, lejos constituir una traba, el AIR facilitará la consecución de sus objetivos de política pública.
