Diego Rosales, Economista de Macroconsult
Las políticas implementadas por el Ejecutivo desde 2019 solo han resuelto temporalmente la principal necesidad de los gremios de transportistas de carga y pasajeros: acceder a un combustible cuyo precio sea estable ante la volatilidad internacional. La ocurrencia de 4 paros en menos de dos años es evidencia de ello.
Erróneamente, el Ejecutivo ha aliviado el síntoma sin tratar simultáneamente la raíz del problema. Únicamente, ha resucitado mecanismos del pasado para aliviar el alza del precio del diésel, principal combustible de los vehículos pesados de carga y pasajeros: Devolución parcial del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Persistir en dicho error, lo ha llevado a emplear cada vez más recursos fiscales. Por ejemplo, el porcentaje de devolución del ISC a transportistas pasará de 30%, entre 2010 y 2016, a 70% según lo prometido por el presente Gobierno. El diésel en el FEPC, desde su creación hasta el 2020, costó diariamente como máximo S/ 6 millones; en contraste, hoy cuesta más de S/ 20 millones al día.
Si el Ejecutivo no implementa simultáneamente políticas que traten la raíz del problema, los recursos fiscales empleados en políticas de alivio continuarán creciendo como una bola de nieve en una pendiente. La raíz del problema es que el Perú es importador neto de petróleo y diésel. A continuación, listo algunas políticas que pueden contribuir a reducir su importación y, así, nuestra exposición a la volatilidad internacional.
La nueva Refinería de Talara reducirá la importación de diésel aproximadamente de 60% a 30% de la demanda nacional. Por ello es vital dar el primer paso para revertir la tendencia negativa en el sector petrolero: designar al presidente de Perupetro, tras cerca de medio año, y completar su directorio. Solo así, se podría intentar incrementar la producción actual de petróleo de 40 a 100 MBPD como a inicios del s. XXI.
Es una tarea pendiente engranar las iniciativas del sector privado para masificar el gas natural en los vehículos pesados. El compromiso de Camisea de ofrecer el gas natural a un precio promocional para dicho propósito está por cumplir un año; y los anuncios de Cálidda y Quavii para poner en operación las primeras estaciones, tres años. Para engranarlas, el Ejecutivo debe acelerar el ritmo del financiamiento de las conversiones e incluso evaluar entregar un bono a los primeros vehículos pesados convertidos.
En conclusión, el Ejecutivo debe complementar las políticas de alivio con aquellas que traten la raíz del problema. Solo así, logrará que los transportistas accedan a un combustible estable, diésel o gas natural, empleando cada vez menos recursos fiscales. En mi opinión, entre otras medidas, debe completar el directorio de Perupetro y engranar las iniciativas de masificación del gas natural en los vehículos pesados.
