Gonzalo Ruiz Díaz, Economista Asociado de Macroconsult
En el año 2014, siguiendo la tendencia de varios países de la región, el Perú emprendió una reforma que busca mejorar el desempeño de nuestras universidades, reemplazando un modelo de gobernanza ineficiente, basado en la autorregulación; por otro sustentado en la creación de una agencia autónoma: la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Los indicadores de desempeño de nuestro sistema universitario son bastante elocuentes: según el QS Latin America University Rankings 2022, Perú cuenta con solo 4 universidades entre las primeras 100 de la región, mientras Chile 16 y Colombia 12; siendo el número de universidades con que cuenta el Perú considerablemente mayor (145 frente a 61 y 86, respectivamente).
La reforma liderada por la SUNEDU en estos últimos años, se ha basado en cuatro pilares: el licenciamiento como garantía básica de la existencia condiciones mínimas de calidad educativa, la mejora del desempeño y calidad de los servicios, la acreditación para propender a la mejora continua y el diseño de un sistema de información confiable, objetiva y accesible a disposición del ciudadano.
La labor de la SUNEDU no ha sido fácil, pues ha requerido implementar un modelo de evaluación hasta hace algunos años inexistente, estableciendo estándares mínimos que algunas universidades no han estado en capacidad de superar: a la fecha 94 de ellas han logrado el licenciamiento y en 51 casos éste les ha sido denegado.
En las últimas semanas, el Congreso ha dado señales preocupantes aprobando proyectos que amenazan con revertir este proceso. En primer término, la Comisión de Educación ha aprobado un dictamen que busca levantar la moratoria para la creación de universidades, aprobada apenas en mayo de este año (Ley 31193), por el Congreso anterior. Además, esta misma Comisión ha aprobado dos dictámenes igualmente alarmantes. El primero busca cambiar la composición del directorio de la SUNEDU, incluyendo en el mismo, a tres representantes de universidades, lo cual acarrearía evidentes conflictos de interés. El segundo busca dar una nueva oportunidad a las universidades a las que se les denegó el licenciamiento, hasta por un período de dos años.
Los resultados de una reforma tan ambiciosa como la iniciada en 2014, tardarán algunos años en apreciarse. De hecho, según el INEI, entre 2014 y 2018, la proporción de egresados universitarios desempleados se ha incrementado pasando del 5,2% al 8,8%, superando en 4,0 y 5,7 puntos porcentuales a la tasa de desempleo de la población con estudios técnicos completos y sin educación superior, respectivamente. Esto muestra la necesidad de continuar profundizando las reformas.
Si bien la transición hacia un nuevo modelo de regulación universitaria puede implicar costos, especialmente, para aquellos estudiantes que deben ser recolocados en universidades licenciadas, los beneficios, en el largo plazo, para la mejora de su competitividad, creación de capital humano y fomento de la investigación científica, son innegables. La inserción de profesionales peruanos, en un mundo crecientemente competitivo, depende en gran medida de contar con universidades de excelencia.
