Durante las últimas semanas, y en el marco de los debates y entrevistas que se han llevado a cabo durante el proceso electoral, hemos escuchado diversas propuestas que buscan facilitar el acceso a Internet en zonas rurales a través de una expansión en la infraestructura de telecomunicaciones (satélites, redes de transporte, entre otros). Dicho enfoque reduce el debate sobre la conectividad rural a una discusión sobre qué infraestructura es la mejor para brindar acceso a zonas más alejadas, y resta importancia a otras medidas imprescindibles para resolver este problema tan relevante para el país.
De manera similar, el enfoque utilizado para el cierre de brechas de conectividad se ha centrado durante los últimos años en subsidios a la oferta, descuidando el uso de subsidios de demanda; que ha demostrado ser exitoso en diversos países. De este modo, incluso en zonas rurales en las que ya se cuenta con infraestructura, los costos del servicio resultan tan altos que ningún operador es capaz de brindar Internet con precios acorde a la capacidad de pago de los hogares. Existe infraestructura, pero los costos son muy altos.
Para dar solución a este problema es necesario incrementar la capacidad de pago entre los hogares de bajos recursos (p.ej. a través de vales de descuento estatales), que permitan que los usuarios libremente escojan de acuerdo con sus preferencias, y a la vez incentiven a las empresas a competir en precio y calidad. Como es evidente, este tipo de medida se encuentra sujeta a un análisis caso por caso, y puede ser complementada con mecanismos adicionales que promuevan el acceso a equipos y educación digital.
Lo clave aquí es pensar en soluciones creativas que, incorporando aspectos de oferta y demanda, permitan dar solución al problema de la conectividad rural. En contraste, si se sigue analizando de la conectividad rural únicamente como un problema de infraestructura, lo único que lograremos es un país con más redes, más satélites, y menos conectados.
