Elmer Cuba, Socio de Macroconsult
Hace menos de una semana el FMI publicó la actualización de sus proyecciones económicas mundiales. Así, para los años 2022 y 2023, el organismo internacional estima un crecimiento del PBI mundial de 4.4% y 3.8%, respectivamente. Para los países con economías emergentes y en desarrollo, las cifras son de 4.8% y 4.7%, respectivamente. Estas cifras son consistentes con la mayoría de las teorías de crecimiento económico. Las economías más atrasadas, si tienen estabilidad macroeconómica y son economías en gran parte guiadas por mecanismos de mercado, tienden a crecer más rápido que las economías avanzadas. Otro tipo de economías también pueden crecer por algún tiempo. A este proceso en que las economías en desarrollo crecen a mayores tasas que las avanzadas se le conoce como convergencia condicional.
Sin embargo, para América Latina y el Caribe el FMI espera un crecimiento económico de apenas 2.6% y 2.4% r espectivamente. Es decir, la región comienza a perder el rumbo. Los países que están más cerca a ser consideradas economías avanzadas por su PBI per cápita son Chile, Panamá y Uruguay. Argentina también presenta un nivel similar, pero su estancamiento secular y sus actuales políticas económicas hacen pensar que permanecerá todavía en el umbral.
Nuestra región tiene países que mantienen políticas macroeconómicas pobremente diseñadas, salvo contadas excepciones. Además, la región es presa de políticas populistas que no llevan a mejores asignaciones de recursos y, por si fuera poco, no ejecutan buenas políticas públicas de educación e infraestructura.
Según Laeco (alianza latinoamericana de consultoras económicas), en este año Brasil, Chile, Argentina y México crecerían 0.5%, 2.0%, 2.2% y 2.5%, respectivamente. Aunque cada país tiene su propia dinámica, lo común son tasas de crecimiento relativamente bajas, luego del rebote de 2021.
Dentro de la región, nuestro país venía mostrando resultados notables en materia económica. Y los sigue teniendo en materia macroeconómica. Sin embargo, desde hace algunos años no ha logrado sostener tasas de crecimiento sustancialmente superiores a la región, incluso partiendo desde debajo de la tabla regional.
En materia macroeconómica, por el lado fiscal y monetario no se esperan sorpresas. Perú seguiría teniendo una deuda baja como porcentaje del PBI y un riesgo país consistente con esa solvencia fiscal. Junto con Chile, nuestro país lidera la región en esos importantes indicadores fiscales. En el tema inflacionario, la tasa esperada para este año está en línea con el rango meta del banco central. Dicho rango está dentro de los más ambiciosos de la región y, en general, se ha venido cumpliendo salvo choques de oferta o cambiarios, como es natural.
Para el presente año, la economía peruana crecería cerca de 3%. Las cifras de 2023 podrían ser incluso algo menores. Esto no es consistente con su nivel relativo de desarrollo en la región. Los datos de 2019 (antes de la crisis del Covid) muestran que -sólo por nombrar a los países más grandes de la región- Chile, Argentina, México Colombia y Brasil presentan un PBI per cápita superior al peruano en 87%, 72%, 56%, 17% y 16%, respectivamente.
Tampoco es consistente con el ciclo alto de precios de los metales, en particular del cobre. En otras circunstancias, con este ciclo la economía nacional estaría creciente a tasas de entre 5% y 6% al año.
Desde 2014 fuimos perdiendo el paso. No se trata sólo del precio de las materias primas. Por ejemplo, las estimaciones del precio del cobre siguen siendo altas para este y el próximo año y al mismo tiempo no se esperan cifras mayores de crecimiento económico para el bienio.
El gobierno del profesor Castillo ha dado señales confusas sobre un cambio constitucional. En su discurso de asunción de mando anunció que se haría por los canales del Congreso, como corresponde según la Constitución. Pero algunos de sus voceros oficiosos siguen con el tema. Él mismo ha dicho en una reciente entrevista que lo haría porque la educación y salud son derechos y no servicios. Temo que no ha leído la Constitución. Son derechos sociales y son servicios públicos, brindados tanto por el estado como por los privados.
Hoy tenemos malas señales sobre el futuro de la política y el conjunto de las políticas públicas. Diversos nombramientos en organismos públicos han puesto a esas instituciones a la deriva, salvo contadas excepciones. El gobierno ha dilapidado su capital político en corto tiempo.
Tener gobernabilidad democrática implica una reforma de la política y, a partir de allí, una reforma de las políticas públicas. En caso contrario, nuestro país se seguirá alejando del desarrollo. No serán 200 años, sino 206.
