Diego Rosales, economista de Macroconsult
A continuación, resumiré las principales etapas que existen entre la explotación económica de un recurso natural y la ejecución de proyectos de inversión pública, “PIP”, que una empresa extractiva financia indirectamente en su zona de influencia: (1) Recaudación, (2) Transferencia y (3) Uso.
Gracias a las empresas que explotan recursos minerales, petroleros, gasíferos, pesqueros, etc., el Estado peruano recauda anualmente miles de millones de soles por ingresos tributarios como el impuesto a la renta y no tributarios como las regalías. Luego de la recaudación, el Estado es el único responsable de un apropiado aprovechamiento de la contribución fiscal, tributaria y no tributaria, de dichas empresas extractivas.
Por la Ley de Canon y otros dispositivos legales con un objeto similar, los Gobiernos Regionales y Locales donde se ubica el recurso explotado tienen constitucionalmente derecho a recibir por lo menos la mitad de dicha contribución fiscal. El resto pertenece al Gobierno Nacional, ya que la Constitución establece que, sin importar su ubicación dentro las fronteras, los recursos naturales pertenecen a todos los peruanos.
Si bien la transferencia fiscal del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales donde se ubica el recurso explotado no está sujeta a la discreción del Ejecutivo o Legislativo, su uso está restringido, sobre todo, al financiamiento parcial o total de PIP. Dicha restricción tiene como objetivo que, en el territorio donde se explota el recurso, la contribución fiscal se materialice, por ejemplo, en carreteras, hospitales o colegios.
Si bien la contribución fiscal de las empresas extractivas representó apenas 4% de los ingresos del gobierno general en su máximo en 2007, en 2019 y 2020 financió cerca del 20% del presupuesto de la inversión pública del gobierno general, definido como todas las instancias del gobierno excluyendo a las empresas públicas. Entonces, ¿dónde se origina el alto escepticismo sobre la contribución fiscal de las empresas extractivas?
En 2019 y 2020, el nivel de ejecución de la inversión pública de los Gobiernos Regionales fue menos de 65%; y de los Gobierno Locales, menos de 60%. Según estimaciones de Macroconsult, cerca de un cuarto de la inversión pública financiada con la contribución de empresas extractivas está paralizada o no registra ejecución, e incluso apenas la mitad se materializó en PIP finalizados.
En conclusión, debido a las oportunidades de mejora del sistema de inversión pública peruano, el Estado desperdicia cada año ingentes recursos fiscales provistos gracias a las empresas extractivas. Dichos recursos deberían ser aprovechados plenamente para el cierre de brechas de infraestructura y la mejora de la calidad de vida de los peruanos.
