Elmer Cuba, Socio de Macroconsult
Según datos de la encuesta nacional de hogares (ENAHO), sin contar Lima, en 2021 habrían cerca de 6.2 millones de trabajadores en el sector privado urbano.
De ellos, un 45% son trabajadores independientes y sus ingresos laborales mensuales en promedio alcanzan 868 soles. Por su propia naturaleza, estos trabajadores no están sujetos a las normas que rigen la relación laboral entre empleadores y empleados.
Los trabajadores dependientes alcanzan otro 45%. De ese total, apenas 29% son trabajadores formales. Es decir, su relación laboral está regulada por las leyes laborales vigentes. Se trata básicamente de aportes a la seguridad social (pensiones y salud), derecho a vacaciones y a otras contraprestaciones como la CTS, aguinaldos y las normas de término de la relación aboral.
El ingreso mensual promedio de estos trabajadores con empleos formales es de 2,481 soles. Sus pares que trabajan en el mundo informal, cerca del 71% del total de empleo dependiente, perciben un ingreso mensual promedio de 1,034 soles.
Finalmente, el restante 10% de trabajadores son familiares no remunerados y trabajadoras del hogar.
En resumen, solo el 13% del mercado laboral urbano en el sector privado (sin Lima) está regulado por las normas laborales que dicta el llamado Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Ese es su real ámbito de acción a lo largo y ancho del país.
La actual encargada de la cartera quiere intervenir en 3 ámbitos de la regulación laboral. Primero, un aumento de la remuneración mínima. Segundo, una restricción en el uso de la tercerización laboral. Tercero, un desproporcionado aumento de los costos de despido.
Es decir, un encarecimiento absoluto de la contratación de trabajadores en el sector formal. Como si la informalidad laboral fuese residual y su existencia misma solo dependiese de la supervisión y fiscalización a cargo de Sunafil.
A las múltiples causas de la informalidad laboral, se está por aumentar nuevos argumentos. Insólitamente, un gobierno autodenominado “del pueblo” está por asestar un golpe severo al pequeño empleo formal, cuyas consecuencias directas serán más informalidad laboral y menor inversión y creación de nuevos puestos formales.
En la web del ministerio se puede leer su mandato principal. En corto, su razón de ser es promover un empleo decente y productivo; el cumplimiento de los derechos laborales; fortalecer la empleabilidad y la protección de grupos vulnerables. No se rían.
Las tres intervenciones descritas van abiertamente en contra de las grandes mayorías, que buscan justamente empleos de mejor calidad, con derechos laborales, mayor empleabilidad. Acá el grupo laboralmente vulnerable es la gran mayoría y se está encareciendo el costo de su contratación.
A estas alturas, el nombre mismo del ministerio no llega a ser un eufemismo, sino que es más bien engañoso y alejado de la realidad.
Como se sabe, la actual remuneración mínima mensual en el Perú es de 930 soles. La mediana del ingreso mensual de los trabajadores urbanos con empleos informales en el sector privado es de 960 soles (fuera de Lima). Y dentro de los trabajadores formales de ese mismo ámbito, cerca del 14% gana entre la actual remuneración mínima y 1000 soles.
Ello significa que un aumento de la remuneración mínima aleja de la formalidad laboral al 87% de los trabajadores del ámbito de este análisis. Mientras que los potencialmente beneficiados alcanzarían al 1.8% del total de trabajadores del mismo ámbito geográfico.
En el caso de la reducción de la tercerización laboral se estaría reduciendo la empleabilidad y afectando la competitividad de la economía. Si algunas empresas abusan de la norma, la respuesta de es mayor fiscalización y no la reducción discrecional de las actividades tercerizadas.
Sobre los costos de despido, ha trascendido que la compensación subiría a 3 meses por año de servicios y sin tope de años. En un mundo cambiante ello significa una carga excesiva sobre las empresas. Sobre todo para las más pequeñas y para los nuevos emprendimientos. Ello llevará a más contratos fijos y a menos empleo permanente, con los costos en productividad y previsibilidad en los ingresos laborales.
Si esas 3 normas se aplican en este año, habría que ir pensando en eliminar la segunda parte del nombre del ministerio de trabajo. Este año sería además recordado con el “año de promoción del empleo informal”. Betssy sería recordada como la ministra más reaccionaria de las últimas décadas. Abiertamente en contra del empleo decente y de los intereses de las mayorías.
