Gonzalo Ruiz, Economista asociado de Macroconsult
Según una encuesta elaborada por Lima como Vamos, en 2021, el 72.8% de limeños considera que el problema más importante que afecta su calidad de vida es la seguridad ciudadana. No sorprende entonces que pese a las limitadas facultades que tienen los alcaldes en esa materia, este sea uno de los temas centrales en el debate electoral entre candidatos municipales.
Si bien las estadísticas del INEI muestran un descenso en las tasas de victimización (personas que declaran haber sido victimas de un hecho delictivo) en Lima Metropolitana, desde 34.4% en 2015 a 21.9% en 2021; llama especialmente la atención el crecimiento en la proporción de víctimas de delitos cometidos con arma de fuego. Estos han pasado de 9.5% en 2015 a 16.3% en 2021.
Existe un amplio debate académico y de política pública respecto a la necesidad de controlar el acceso y uso de armas de fuego, particularmente en Estados Unidos. De un lado, autores como Philip Cook (Duke University) han señalado que en dicho país existe evidencia que respalda la tesis de que los robos y asaltos cometidos con armas de fuego tienen una mayor posibilidad de terminar en la muerte de la víctima, comparado con actos similares en los que se ha utilizado otros tipos de arma. De otro lado, existen quienes consideran que contar con armas de fuego, puede resultar un medio eficaz para proteger su vida ante posibles ataques. Algunos autores como Lott y Mustard (Chicago University), han mostrado que en estados en los que se legalizó la práctica de portar armas en público, la medida ha sido exitosa en reducir la probabilidad de ser víctima de un asalto.
En el caso del Perú, la evidencia disponible parece soportar la tesis del profesor Cook: en los últimos años, cerca del 60% de las muertes violentas asociadas a hechos delictivos, involucraron armas de fuego. Le siguen de lejos en importancia las muertes por arma blanca (aproximadamente 15%) u objeto contundente (8%). Como recomienda ese autor, es importante que dentro del conjunto de políticas públicas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana, se promuevan medidas que “encarezcan” o hagan costoso el acceso legal a armas de fuego. Sin embargo, en un contexto de debilidad institucional y reducidos recursos para la fiscalización, una política de este tipo corre el riesgo de ser inefectiva, creando mercados negros o informales.
Según información de Small Arms Survey, al 2017, existían en el Perú un total de 633 mil armas de fuego en manos de población civil, de cuyo total aproximadamente el 40% no se encontraría registrada en la SUCAMEC. A pesar de las distintas leyes aprobadas en los últimos años que han buscado incentivar la regularización de la tenencia legal de armas, el resultado a la fecha ha sido infructuoso.
Aunque la problemática es mucho más amplia, una alternativa a lo ensayado hasta ahora sería fortalecer la capacidad fiscalizadora de SUCAMEC. Los beneficios de ello superarían ampliamente los costos.
