Durante la última década, siguiendo la tendencia de varios países de la región el sector de telecomunicaciones peruano ha registrado un crecimiento notable, en particular, en lo que respecta al segmento móvil. En el período 2009-2019, el número de líneas móviles creció en 61%, llegando a un nivel de penetración del 127%. Asimismo, los mercados de TV de Paga e Internet fijo y móvil han mostrado un crecimiento importante, aunque en magnitudes menores.
Este desarrollo experimentado en el sector ha sido estimulado por diversos factores entre los que destacan la irrupción de nuevas tecnologías como el 4G, la aparición de nuevos actores en el mercado móvil y la implementación de una serie de medidas regulatorias que contribuyeron a la generación de mayores niveles de competencia.
Todos estos avances, sin embargo, han sido insuficientes para reducir las brechas que enfrenta el Perú en este sector respecto de otros países
Fuente: UIT (2018)
Si observamos el ICT Development Index publicado por la UIT, Perú se encuentra rezagado respecto del resto de países de la Alianza del Pacíifico, tanto en su índice agregado como en sus pilares de infraestructura, de nivel de uso como de habilidades y capacidades digitales.
En términos de gobierno electrónico el desempeño del Perú también muestra brechas importantes comparado con la misma muestra de países.
Fuente: Encuesta de E-Government de Naciones Unidas
Las brechas que se observan tanto a nivel del desempeño del sector de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) como en gobierno electrónico, entre otros aspectos evidencian la necesidad de introducir mejoras institucionales que sigan las mejores prácticas internacionales en este sector y que permitan darle al mismo una mayor prioridad en la agenda de políticas públicas. Asimismo, con el advenimiento de un nuevo ciclo tecnológico en la industria móvil, será necesario que el Perú esté preparado en términos de políticas de espectro radioeléctrico como de regulaciones de fomento de la inversión, a fin de aprovechar oportunamente las ventajas del 5G para los consumidores y la competitividad de las industrias.
En virtud de lo anterior, Macroconsult propone 3 ejes de reforma en el sector telecomunicaciones: uno institucional, uno de fomento de las inversiones y uno de mejora del aprovechamiento de la infraestructura de internet y ciberseguridad.
Eje Institucional
Las brechas que persisten en el sector telecomunicaciones peruano respecto de otros países descansan principalmente de los siguientes aspectos: i. La ausencia de un marco institucional que permita dotar de visibilidad a las políticas públicas en el sector y contar con un liderazgo político para el impulso de la agenda digital, ii. La existencia de fragmentación de funciones entre el MTC (Viceministerio de Comunicaciones) y PCM (Secretaría de Gobierno Digital) que ha impedido una gestión coordinada a nivel del sector público en la construcción de una agenda digital, iii. La persistencia de una visión del sector centrada fundamentalmente en políticas de oferta (redes de telecomunicaciones, fibra óptica, etc) descuidando el eje de la demanda (fomento del desarrollo de habilidades digitales).
En virtud de lo anterior, una reforma institucional importante consistiría en la separación del Viceministerio de Comunicaciones del MTC (cuyo ministro generalmente concentra su agenda en temas vinculados a infraestructura de transporte) creando un órgano independiente al cual se transferirían las facultades en materia de gobierno electrónico. Siguiendo el ejemplo exitoso de Colombia, podría ser una dependencia con rango ministerial a la cual podrían añadirse competencias adicionales vinculadas con ciencia y tecnología. Lo fundamental es que este órgano permita darle el impulso necesario a las reformas y proyectos que requiere con urgencia el sector.
Este nuevo sector, no sólo centraría su labor en la formulación, seguimiento y promoción de la inversión de proyectos de infraestructura, sino en políticas de desarrollo de habilidades digitales, combate del analfabetismo digital y políticas públicas que promuevan el desarrollo de la industria digital. En tal sentido, se trataría de un sector de TICs dejando de lado el concepto obsoleto de telecomunicaciones. La realización de esta reforma, en tanto exigiría probablemente un cambio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) requeriría de un amplio consenso político entre Poder Ejecutivo y Congreso.
Eje de Fomento de Inversiones
El despegue del sector TIC peruano y el cierre de las brechas arriba identificadas no será posible sin el fomento de las inversiones. El aprovechamiento de nuevo ciclo de tecnologías móviles (denominado 5G) demandará mayores niveles de inversión, lo que requiere de una estrategia clara de políticas públicas en el sector. Perú es un importador neto de estas tecnologías. Cabe mencionar, sin embargo, que se beneficia no sólo con el acceso a las mismas por parte de consumidores finales sino a través de una floreciente industria de aplicaciones y soluciones digitales.
En virtud de lo anterior, consideramos que sería pertinente evaluar regímenes de incentivos a la inversión en tecnologías e infraestructura, mediante mecanismos de excepción al pago de canon por espectro, depreciación acelerada y la introducción de incentivos para la compartición de infraestructura. Todo ello en el marco de un plan agresivo de promoción de las inversiones en nuevo equipamiento 5G así como proyectos de despliegue de fibra óptica. La gráfica siguiente muestra la contribución de los servicios de capital TIC al crecimiento del valor agregado del Perú. En los últimos 30 años esta contribución ha sido en promedio 0.07 puntos porcentuales, lo que abre la oportunidad para aumentar su participación dentro del total de la inversión y de ese modo impactar la productividad laboral del país.
Fuente: LAKLEMS.
Otro aspecto relevante es el diseño de incentivos para la creación de clusters TIC, donde se permita a los emprendedores o microempresarios acceder a tecnologías y asesorías, mientras su idea de negocio adquiere cierto nivel de madurez. Esto permite superar la barrera de los altos costos de adecuación de tecnologías que se requieren para iniciar el negocio. Además disminuye el riesgo y fomenta el networking empresarial.
Eje de mejora del aprovechamiento de la infraestructura de internet y ciberseguridad.
A casi cinco años del lanzamiento del Proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) y las Redes Regionales, resulta evidente que el modelo regulatorio previsto en su momento requiere de ajustes. Estos ajustes no sólo deben darse a nivel regulatorio o contractual, sino en la filosofía misma del proyecto. En dicha revisión debe buscarse no sólo rentabilizar la inversión realizada por el Estado en los proyectos sino evitar una afectación a la competencia.
En tal sentido, el próximo gobierno debe plantear un nuevo paquete de regulaciones que permita replantear el modelo de la RDFNO que sirva de complemento a los desarrollos y despliegues que se han venido registrando en la oferta privada durante los últimos años y a la vez cumplir con su objetivo primigenio que es el de llevar internet y banda ancha a las zonas más pobres del país.
Por otro lado, con el objeto de mejorar los estándares de ciberseguridad en el manejo de datos personales o información sensible en manos de instituciones del Estado y a la vez alcanzar eficiencias en el uso de recursos públicos, sería interesante la implementación a través de esquemas público-privados, de “datacenters” y servicios digitales compartidos a todas las entidades del Estado. En la actualidad, la mayoría de instituciones públicas registra altos niveles de vulnerabilidad frente a la posibilidad de ciberataques. Asimismo, la nueva autoridad en materia de políticas digitales podría fortalecer la promoción en el uso de registros digitales y certificados digitales (aun con reducida cobertura en el país), entre otros mecanismos, de manera que se pueda potenciar el comercio electrónico y reducir los costos asociados a la contratación y realización de trámites con el Estado.
Será importante que esta nueva autoridad que se propone en el sector TIC, impulse una nueva agenda digital que involucre a la ciudadanía, las industrias y el Estado.
